Es muy importante la respuesta que, cuando fue preguntado explícitamente sobre las consecuencias de la posible independencia de Cataluña, dio ayer el presidente de la Comisión Europea a la diputada Mara Bizzotto. Es una respuesta por escrito del presidente de la Comisión Europea y, por tanto, el valor político que tiene es enorme. Especialmente porque aclara que la Unión no hará ningún problema de la independencia de Cataluña.
A Barroso, la diputada Bizzotto le pregunta si los ciudadanos de Cataluña perderían o no su ‘condición de ciudadanos europeos’ en caso de que se independizaran de España. Y Barroso no dice que la perderían. Dice, de hecho, que con los tratados europeos en la mano la ciudadanía europea es complementaria de la del Estado miembro y que, ¡alerta!, En todo caso la independencia de Cataluña deberá negociarse siguiendo las normas internacionales. O sea que la mantendríamos.
La respuesta es diplomáticamente perfecta pero, por su enorme importancia, me dejarán que hoy la explique con todo detalle.
Hay dos normas internacionales que enmarcan cómo se procede a la independencia de un Estado. Una de ellas clarifica décadas de discusión, es muy reciente y enormemente importante. Se trata de la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas sobre la independencia de Kosovo. La otra es un poco más antigua. Son las dos convenciones aprobadas en Viena en 1978 y en 1983 sobre la sucesión de Estados en materia de tratados y sobre la sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y deudas.
Si la Unión Europea renuncia a crear un mecanismo especial para tratar la independencia de Cataluña y en cambio, como dice Barroso, se limita a aceptar la normativa internacional, entonces España simplemente no tendría ningún modo de impedir que Cataluña formara parte automáticamente de la Unión Europea desde el momento que proclamara la independencia. ¿Por qué y cómo?
En primer lugar porque España no puede argumentar jurídicamente nada en contra de la independencia. No vale lo de la unidad indivisible, no a efectos internacionales. La sentencia sobre Kosovo ha acabado con el debate. Porque dice de forma indiscutible que ‘no hay ningún argumento en las leyes internacionales que prohíba la independencia de un país’. Y aún más: afirma que la independencia, lógicamente, es un acto unilateral y que ‘no hay ninguna prohibición contra la unilateralidad en sí’. Tenemos, pues, la primera pieza. Si Cataluña proclama la independencia España no tiene ningún argumento jurídico internacional para impedirla.
Y ahora concretémoslo en el caso europeo. Las convenciones de Viena explican qué ocurre cuando un país se hace independiente. Evidentemente, una de las cosas importantes es responder a la pregunta sobre qué pasa con los tratados que se aplican en su territorio porque habían sido firmados con anterioridad, cuando no eran independientes. El estado español ha firmado miles de tratados sobre las cosas más diversas con países y organizaciones de todo el mundo. ¿Si Cataluña se hace independiente estos tratados siguen en vigor? La respuesta es que, mientras no se cambian si se quieren cambiar, sí.
Las convenciones de Viena dicen que los estados sucesores ‘están obligados a respetar los tratados. En los artículos 34 a 37 de la Convención de 1978 se especifica que los tratados firmados por el Estado anterior quedan en vigor en los estados nacidos a partir de la declaración de independencia. O sea, que todos los tratados firmados por el Estado español seguirán siendo válidos el día de la independencia tanto en España como en Cataluña. Entre estos la pertenencia a la Unión Europea.
Evidentemente, a partir de ahí los nuevos estados, y España también será en este sentido un ‘nuevo estado’, pueden renegociar los tratados con los otros signatarios internacionales si quieren, pero sin desentenderse nunca unilateralmente de la obligación de cumplirlos. Y con un matiz muy importante: en aquellos casos en los que los tratados crean organizaciones en las que participan varios estados se reconoce que es su sistema de gobierno interno el que decidirá si los nuevos estados pueden formar parte o no.
Y exactamente ahí es donde las palabras de Barroso toman todo su valor. Porque quieren decir que Europa renuncia a fijar un modelo de adhesión particular para Cataluña y se limita a decir que si la normativa internacional se cumple, eso ya es suficiente. La traducción es evidente: si se proclama un Estado catalán de acuerdo con la normativa internacional, y eso España no tiene forma jurídica de impedirlo, este Estado ‘heredará’ los acuerdos internacionales firmados cuando su territorio era todavía España y por tanto, los ciudadanos de Cataluña seguirán siendo ciudadanos europeos.
Problema resuelto.
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