Tras parar el proceso electoral, Angel Viladoms pretende limitar las decisiones de la Comisión Delegada y de la Asamblea de la Federación Española de Motociclismo, por lo que se ha recurrido esta situación ante el TAD y el CSD el «golpe de estado» de Viladoms al frente de la RFME.
Continúa el lamentable «culebrón» en la lucha de poder al frente de la presidencia de la Federación Española de Motociclismo, ya que el anterior presidente, derrotado en las elecciones, sigue manipulando y dilatando en todo lo posible el proceso con el fin de aferrarse el cargo, llegando incluso a pretender aprobar su sueldo para el próximo año, tal como se puede ver en la imagen adjunta.
Ante esta situación, miembros de la Comisión Gestora de la Real Federación Española Motociclista han recurrido hoy ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) y ante el Consejo superior de Deportes (CSD) el propósito del presidente en funciones Angel Viladoms de concentrar todo el poder de la RFME en dicha Junta Gestora, deslegitimando a la Comisión Delegada y a la propia Asamblea General.
De esta forma, Viladoms, pese a encontrarse actualmente como presidente en funciones, quiere aprobar seguir cobrando el sueldo (86.000 euros anuales) del presidente electo y poder decidir sobre los presupuestos, calendarios y todo lo relativo al motociclismo sin el control de la Asamblea General ni de su Comisión Delegada.
Es una decisión sin precedentes, en la que un presidente en funciones, con un proceso electoral detenido en un juzgado, quiere asumir el poder absoluto de la RFME sin el control de ninguno de los órganos democráticamente elegidos.
El actual proceso electoral, que ofreció un resultado adverso al actual presidente en la proporción de 80% a 20%, se encuentra actualmente detenido en un juzgado de Valencia ante la denuncia de la propia RFME quien solicitó su paralización. Se trata de un nuevo ardid para dilatar el proceso electoral y mantenerse al frente del motociclismo, que ha votado masivamente cambio (80 de los 98 miembros de la Asamblea General y 12 de las 18 Federaciones Territoriales).
Sabiéndose derrotado en las urnas por enorme margen, el propósito de Viladoms es el de atascar el proceso electoral y asumir todo el poder aunque esté en funciones para poder decidir sobre cuestiones económicas y de calendarios sin rendir cuentas a la Asamblea. El propio presidente anunció a su gestora que la decisión del juzgado de Valencia podría tardar hasta tres años, periodo en el que el actual presidente de la Junta Gestora quiere actuar sin control de ninguno de los órganos de gobierno.
En el orden del día de la Junta convocada por Viladoms para este sábado aparecen «aprobación remuneración presidente» en el punto 6, la «aprobación del calendario deportivo 2017» (punto 8), «el informe del ejercicio económico 2016» (punto 4) o «el informe presupuesto para 2017» (punto 8), todos ellos asuntos que precisan de la aprobación de la Asamblea General o de su Comisión Delegada y no de una Junta Gestora, órgano en funciones y con su poder de decisión limitado.
Viladoms considera que la anterior Asamblea está disuelta y que la que ha resultado electa recientemente está paralizada en el Juzgado, lo que, según él, le confiere el poder absoluto de la RFME aunque esté en funciones. Sin embargo, el artículo 46 de los estatutos de la RFME indica que «corresponde a la Asamblea General en reunión plenaria y con carácter necesario la aprobación del presupuesto anual y su liquidación y la aprobación del programa y calendario deportivos anuales».
Respecto al sueldo del presidente, en el artículo 64 de los mencionados estatutos se indica que «el cargo de presidente de la RFME podrá ser remunerado, siempre que tal acuerdo y la cuantía de la remuneración sea aprobado por la mitad más uno de los miembros de la Asamblea General presentes en la sesión». También se señala en el mismo artículo que «la remuneración del Presidente concluirá con el fin de su mandato, no pudiéndose extender más allá de la duración del mismo».
Queda claro por tanto, según los estatutos de la RFME, que el presidente en funciones está percibiendo el sueldo de modo ilegal (terminado su mandato y sin aprobación de la Asamblea), que no puede aprobar este sábado lo que pretende en Comisión Gestora y que los calendarios y presupuestos tampoco pueden ser aprobados sin el visto bueno de la Asamblea.
Es por ello que se ha recurrido al TAD y al CSD buscando amparo para frenar estas decisiones ilegales. La figura de Presidente de la Junta Gestora o presidente en funciones no dispone de las atribuciones legales para aprobarse el sueldo, los calendarios y los presupuestos.
