Nuevo capítulo en el largo culebrón de las elecciones a la Federación Española de Motociclismo, ahora el Presidente y el Secretario de la Gestora de la RFME han sido denunciados ante el CSD por infracción muy grave, y podrían ser inhabilitados o destituidos. Y es que ante la pasividad del TAD, ocho presidentes de Federaciones Territoriales han denunciado a Pedro Mas y a parte de su Gestora por detener el proceso electoral sin causa.
Según nos informa en su último comunicado la candidatura de Manuel Casado, ganador de las pasadas elecciones a la presidencia de la RFME, Pedro Mas y los restos de la Gestora de Angel Viladoms se niegan a acatar la resolución de la titular del Juzgado 12 de Valencia que levantó la cautelar del proceso electoral para que se eligiera nuevo presidente. Al parecer, confiando en la lentitud de las instituciones que tutelan el deporte y debido a los intereses económicos de varios miembros de la Gestora, se niegan a convocar la Junta Electoral y la Asamblea más de 40 días después de la última resolución judicial que les fue contraria.
En el resto del comunicado del equipo de la candidatura que ya debería llevar más de 10 meses ejerciendo la presidencia, nos comentan:
La Junta Gestora de la Real Federación Motociclista Española (RFME) ha sido denunciada ante el Consejo Superior de Deportes y éste trasladará la misma al Tribunal de Administrativo del Deporte (TAD) por su negativa a reanudar el proceso electoral que conduzca a un nuevo presidente.
Las actuaciones denunciadas son una infracción muy grave tipificada en el artículo 76.2 de la Ley del Deporte y podrían conllevar incluso la inhabilitación temporal del Presidente en funciones, Pedro Mas, hasta un año o a la destitución del cargo, como tuvo que pronunciarse el CSD en el caso Villar.
Tres miembros de la propia Junta Gestora y hasta ocho presidentes de Federaciones Territoriales firman la denuncia ante el hecho insólito de que la Gestora mantenga detenido el proceso electoral.
Dado que el resultado de los comicios no le ha sido favorable a la directiva saliente (perdieron por 80 a 18 en la elección de miembros de la Asamblea), ésta ha decidido frenar las elecciones para no tener que desalojar la Federación.
Lo ha intentado repetidamente con distintas artimañas legales que han conseguido retrasar más de diez meses el proceso. La última de ellas fue denunciar ante el Juzgado 12 de Valencia el censo electoral que la propia RFME había realizado. Pese a una primera suspensión cautelar del proceso, una vez escuchadas a las partes, tanto la Fiscalía como la titular del Juzgado fallaron a favor de que el proceso electoral siguiera su curso. Sin embargo, la Junta Gestora ha recurrido la decisión y se ha negado a continuar con el proceso electoral que ya debía haber concluído con el candidato Manuel Casado como presidente.
La estrategia de la Gestora es confiar en la lentitud de las instituciones que tutelan del deporte y esperar con ello demorar el proceso unos meses más que permitan al Secretario General Julián Martínez mantener su sueldo hasta su jubilación, a su presidente Pedro Mas mantenerse al frente de la Federación –lo está de forma ilegal, tal y como también ha sido recurrido ante el TAD ya que no logró los votos suficientes- , a alguno de sus miembros como Josep Alonso mantener su actual sueldo y a los asesores legales continuar cobrando con nuevos conflictos legales.
El motociclismo español votó en unas elecciones masivamente en contra de la directiva saliente (80 a 18) y debería tener nuevo presidente desde el año pasado. La actual situación de interinidad, contra la que se oponen el 80% de las licencias y 13 de las 18 Federaciones Territoriales, está deteriorando al motociclismo nacional y sus competiciones.
